Las pruebas para la procedencia de las medidas preventivas con fundamento al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

Abstract

Las medidas preventivas constituyen una parte del género de las medidas cautelares previstas en varios textos legales. En este trabajo tuvo por objeto abordar la procedencia de las medidas preventivas reguladas en materia civil, específicamente con fundamento al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, desde una perspectiva constitucional de las pruebas a los fines de su procedencia. Todo, en atención a cómo se viene desarrollando desde la doctrina y jurisprudencia los elementos de su procedencia (el llamado peligro en la mora y el humo de buen derecho). En ese sentido, se efectuó un recuento histórico de las diversas regulaciones contenidas en todos los Códigos Procesales desde 1836 al presente de 1987; para obtener datos que coadyuven a buscar respuestas a las incógnitas actuales; especialmente en lo relativo a aquellas medidas que, como el arraigo, suponen datos de interés científico. En ese sentido, se estudio cómo se admitió el elemento del peligro en la tardanza por la jurisprudencia nacional, a pesar de no estar previsto en forma expresa en Código alguno, hasta que finalmente se regula con el vigente Código. Se analizaron las aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia acerca del llamado juicio de verosimilitud sobre el que descansa el régimen cautelar; para llegar después a estudiar si en esta materia, luego del análisis de las características que les son propias, se está en presencia o no de un verdadero proceso o una simple incidencia. Se abordó igualmente en cuanto a las pruebas para la procedencia de las medidas preventivas; su visión constitucional respecto a los derechos fundamentales que les son aplicables: el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Dada las particularidades de la problemática identificada, este trabajo analizó si, conforme a tales complicaciones, se estaba en el campo de las pruebas difíciles o imposibles; así como se analizaron las eventuales aplicaciones en el campo de los hechos notorios y de las máximas de experiencias allí donde corresponda. Finalmente se atiende la tesis conforme a la cual, mediante la técnica de la ponderación de intereses, se debe preferir la posición del solicitante cautelar, eximiéndole de probar los actos del deudor que intenten menoscabar la eventual sentencia final, por no ser un elemento expreso de la ley procesal; y además contravenir el derecho constitucional de la prueba del solicitante cautelar.