Descentralización, Democracia y Participación

Carlos M. Vilas — 2025-04-13

Aparentemente, en Venezuela, como en el resto de América Latina, existe un amplio consenso en torno a la necesidad de promover un proceso de descentralización del Estado. Una larga tradición continental de centralización de las funciones estatales fue reforzada durante las décadas de predominio de esquemas populistas y de proyectos desarrollistas impulsados desde el Estado. Con el agotamiento del modelo de desarrollo a través de la sustitución de importaciones y la crisis fiscal y de endeudamiento que marcaron la década perdida de los años ochenta, se han evidenciado las limitaciones de las estructuras centralizadas heredadas. De allí, la proliferación de propuestas de reforma del Estado y, en particular, de intentos de promover su descentralización, como también la receptividad de la opinión pública frente a estas propuestas. Sin embargo, la aparente unanimidad es engañosa. Quienes promueven o apoyan una propuesta general de descentralización no necesariamente comparten las mismas motivaciones ni buscan los mismos resultados. Hay quienes simplemente buscan una mayor eficacia estatal y consideran que el Estado centralizado ha asumido funciones que pudieran ejercerse con mayor eficiencia a nivel regional o municipal. Frente a esta postura básicamente conservadora, se encuentran otras que conciben la descentralización como parte integral de una redefinición global de las funciones del Estado. El caso más claro sería el del neoliberalismo, que propone la descentralización como un aspecto de una radical redefinición del papel del Estado, centrando su interés en la devolución al sector privado de funciones que, según su perspectiva, han sido asumidas ilegitimamente por un Estado viciado, no tanto por su carácter centralizado, sino por su paternalismo. Pero como el paternalismo se encuentra tan enraizado en la administración central, es de suponer que una administración más descentralizada estaría también más dispuesta a responder a los imperativos de la lógica del mercado. Por último, podemos distinguir una tercera perspectiva que privilegia el aporte potencial del proceso de descentralización a una más efectiva democratización de la sociedad y de sus estructuras políticas y administrativas. Esta es precisamente la perspectiva que ocupa nuestro Tema Central. De allí que iniciamos la sección con un articulo de Nuria Cunill que recoge la experiencia latinoamericana de la última década en lo que se refiere a intentos -promovidos por el mismo Estado- que han buscado potenciar la contribución de la sociedad civil a la formulación de políticas y programas gubernamentales y a la implementación de programas y servicios. Seguido por el artículo de Trino Márquez que examina la experiencia venezolana de la última década en materia de descentralización, sugiriendo algunos de los factores que explican que las realizaciones prácticas han quedado a la zaga de las iniciativas legislativas. Jesús Rojas señala algunos de los factores que dificultan el traslado de competencias a las autoridades municipales y, por último, Santiago Arconada nos ofrece un análisis de la experiencia de la parroquia de Antímano (Caracas) y su aporte a la sanción, en 1994, de una nueva Ordenanza Parroquial que redefiniera las relaciones entre las parroquias y la Alcaldía. En la sección Documentos reproducimos la mencionada Ordenanza Parroquial y ofrecemos dos documentos de relevancia para evaluar el proceso de descentralización en los campos de educación y salud. El Proyecto Plantel, actualmente promovido por el Ministerio de Educación, ha sido objeto de comentarios criticas de parte de algunos especialistas en educación, de manera que consideramos conveniente incluir un resumen autorizado de sus objetivos. Por otra parte reproducimos, en forma abreviada, el Plan de Descentralización del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, documento clave para evaluar las perspectivas de descentralización en el sector salud. Como se puede apreciar, en este número de la revista no hemos podido sino tocar algunos aspectos de una temática que empieza a plantearse como imprescindible en una gran variedad de campos de reflexión en las ciencias sociales. Ya, en números anteriores, hemos publicado artículos que complementan los ofrecidos aquí. Además, es de suponer que en futuros números volveremos a tocar el tema. Otro debate que se impone en la actualidad refiere a las posibles estrategias de desarrollo para América Latina. Frente a la obsesiva preocupación con las relaciones entre el Estado y el mercado que ha caracterizado la discusión últimamente, Carlos Vilas abre nuestra sección de Artículos y Ensayos con un artículo en que propone una manera alternativa de enfrentar el problema. Seguidamente, Nelson Méndez examina las implicaciones de los avances tecnológicos electrónicos y de informática para los sistemas de vigilancia y control del Estado, mientras que Antonio De Lisio aborda la dimensión ecológica de las propuestas de un desarrollo sustentable, resumiendo el contenido del cuerpo de Acuerdos Internacionales en la materia ratificados por Venezuela y señalando sus potenciales implicaciones para el diseño futuro de políticas económicas. Cerramos esta sección reproduciendo el último artículo del recién fallecido investigador cubano, Hugo Azcuy, que explora una problemática sumamente sensible: la del Derecho y los derechos civiles y humanos en la Cuba revolucionaria. Por último, presentamos en la sección Reportes un material donde Jacques Derrida reflexiona sobre la relevancia de Marx en la actualidad y un análisis de Iraida Vargas sobre el proceso de institucionalización de los estudios arquelógicos en Venezuela, haciendo hincapié en la importancia de la llamada arqueologia social.

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

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